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DPO/DPD: ¿Obligatorio o necesario?

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Esta figura novedosa de la que se ha estado hablando desde su aparición en la Sección 4 del Reglamento Europeo es una de las que genera más interrogantes aún hoy día a escasos tres meses de su entrada en vigor el 25 de Mayo de 2018.

Muchas organizaciones andan cuestionándose si tienen realmente la obligación de contar con esta figura y en otros casos si sería aconsejable contar con ella, siendo esto motivo de una fuente incesante de consultas. Quien ejerza dicha función podrá ser personal interno de la organización o bien un profesional externo, pero siempre teniendo una total independencia en sus funciones e informando directamente al más alto nivel de dirección del responsable o encargado del tratamiento.

El RGDP establece la obligatoriedad de contar con un DPD para empresas en las que conforme a su actividad principal, de manera habitual y sistemáticamente, se lleven a cabo tratamientos de volumen considerable, y que impliquen análisis o seguimiento, que permita elaborar perfiles o poder adoptar decisiones sobre los afectados. También resultaría obligatorio cuando en su actividad principal y en relación a datos personales sensibles, las empresas procesen a gran escala tales datos. Serían los datos relativos a salud, orientación sexual, origen étnico, ideologías políticas, religión, datos biométricos, etcétera.

Por su parte, el actual proyecto de LOPD también determina unas entidades que estarían obligadas a tal nombramiento, como, entidades financieras, operadoras de telecomunicaciones, aseguradoras, distribuidoras de electricidad, gas o hidrocarburos, los centros sanitarios o empresas de seguridad privada.

La designación de un DPD cuando no sea obligatorio puede resultar conveniente, debido a la complejidad que conlleva en algunos supuestos el nuevo enfoque del RGPD (accountability) de sus principios y obligaciones, como por el impacto material que tienen las multas por su infracción

Además, podrá designarse un único DPD para dar cobertura a un grupo empresarial, siempre que resulte accesible para todas las partes involucradas/afectadas poniendo de relieve su función de intermediario.

Así pues el RGPD evita restringir la definición de DPO, aunque deja meridianamente claro el perfil jurídico que requiere a través de los artículos 37.5 y 39 de su cuerpo normativo.

Debido en parte a esto, la AEPD emitió un esquema de certificación de DPD para obtener dicha acreditación, la cual no es obligatoria (al menos hasta ahora) para ejercer este puesto pero siendo una garantía tanto de la competencia profesional certificada como del ejercicio de la mencionada competencia.

De esta manera los profesionales que cuenten con esta titulación estarán ubicados en primerísima línea para ser reclutados por las empresas que decidan tener este perfil dentro de su organización o para poder atraer a su actual empresa clientes que decidan contratar estos servicios externamente.

Por todo ello, se antoja imprescindible acudir a especialistas en protección de datos que cuenten con profesionales acreditados y con experiencia para tras una evaluación pormenorizada del tratamiento de datos realizada en la organización, tomar una decisión responsable.

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